Es bien sabido que las residencias de mayores son lugares donde el COVID 19 está haciendo estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno, hacen que constituyan uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias sean más letales. Son, por así decirlo, el ojo del huracán de este cataclismo que nos está tocando vivir. 

En este escenario, los responsables de los centros residenciales y, de manera especial, sus trabajadores y trabajadoras, tienen que desarrollar su labor, sin recibir los medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni apoyo sanitario, por parte de un sistema de salud desbordado. Abandonados a su suerte, tienen que soportar el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme mortalidad que afecta a estos centros y de la extensión del virus en ellos. Lo que anticipábamos al inicio de esta crisis que podría pasar: convertir a las víctimas en culpables. Pero nunca pudimos imaginar que iba a ocurrir precisamente con los más vulnerables: las residencias de mayores. 

En el documento que adjuntamos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales solicita respeto y apoyo para las residencias de mayores para que puedan atender adecuadamente a 400.000 personas en las condiciones actuales. 

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